REPRESAS HIDROELÉCTRICAS Y DESARROLLO REGIONAL DE AYSÉN.

La Patagonia chilena es un área prácticamente deshabitada ubicada en medio de montañas, campos de hielo, glaciares, bosques nativos y ríos caudalosos. Sus paisajes son esencialmente prístinos y debido a la calidad de su medio ambiente muchas de sus áreas de mayor valor para la conservación de la naturaleza han intentado ser protegidas designándolas como parques nacionales, reservas y monumentos, así como sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad. Sin embargo, la conservación de la naturaleza es vista en Chile como una “no actividad económica” y por ello, como factor de retraso y postergación del desarrollo. En la Patagonia chilena se preparan diversos planes para incorporarla al “desarrollo”, incluyendo construcción de represas hidroeléctricas, caminos e infraestructuras de transporte y comunicaciones, pesquerías, forestación y turismo. Se trata de modificar el contenido y las interacciones del medio ambiente natural para desencadenar un proceso de discutible sustentabilidad, en especial cuando se considera su significado en términos del desarrollo local y regional.

Aysén es una región especialmente adecuada para desarrollar argumentos que se refieran a objetivos estratégicos para el país. Se trata de un territorio natural completamente distinto al de las demás regiones, siendo sus principales características la existencia de condiciones geográfico-físicas únicas, difíciles y complejas, y por ello que requieren un tratamiento especial por parte de quienes tienen por tarea comprender e implementar las acciones de desarrollo. Las características anteriormente mencionadas justificarían claramente la necesidad de entender a Aysén como una región de intereses especiales, entre los cuales destaca nítidamente su rol, a escala nacional y global, en la conservación y mantención de ecosistemas naturales, muchos de ellos prístinos.

Para que esto sea posible se requiere que la sociedad nacional conozca y aprecie estas características regionales y se comprometa a apoyar el fortalecimiento de las instituciones y regulaciones que garantizan su conservación, mantención y recuperación, en particular de los servicios ambientales, que son producidos por un territorio que es esencialmente de propiedad pública y por ello requiere para su desarrollo de significativos aportes de sus dueños reales, los habitantes de la región y del resto de la nación. Para que esto sea posible, sin embargo, es necesario cambiar el actual estado de situación, en el cual los habitantes regionales dependen más bien de organismos públicos burocráticos o de actividades económicas marginales, antes que de reales oportunidades de desarrollo, que consideren adecuadamente las particularidades regionales, relacionadas con la apropiación y puesta en valor de su extraordinaria naturaleza, generando los servicios que hacen que paisajes de este tipo, financien la prosperidad de muchas regiones y países en el mundo.

Aysén no puede desarrollarse sobre la base de los mismos rubros y actividades que lo hace el resto del país, porque su vocación natural y la capacidad de carga de sus ecosistemas, no lo permiten. Cuando se ha intentado transformar los territorios naturales que componen la región en terrenos agrícolas o ganaderos, se han obtenido mínimos beneficios en comparación con el daño ambiental que significó quemar cientos de miles de hectáreas con esos propósitos. Cuando se han intentado acciones colonizadoras, muchas veces han terminado en sonados fracasos al planear el inicio de actividades económicas alejadas de las reales potencialidades territoriales. Cuando se ha permitido un poblamiento espontáneo o sin considerar los riesgos naturales, han debido ocurrir costosas evacuaciones y daños sociales y culturales irreparables.

Los campos de hielo de esta región son únicos en Chile y constituyen una de las principales reservas de agua dulce en el Hemisferio Sur, algo que debe ser considerado de valor estratégico ante los escenarios potenciales y reales asociados al proceso de cambio climático, que acentuará la escasez de agua en Chile y en gran parte del mundo. A ello se debe agregar que las masas de aire que trasladan esta humedad a la región son originadas y provenientes de los océanos australes -donde no se registran intervenciones antrópicas y contaminantes a la atmósfera-. Las abundantes precipitaciones que aquí ocurren consisten en aguas prístinas, de la mayor limpieza y naturalidad en el mundo, lo que se apreciará posteriormente en la calidad ambiental de las aguas de los cauces de escurrimiento y en los lagos de almacenamiento temporal de las mismas. Este hecho por sí sólo constituye un capital natural de altísimo valor, que bastaría no sólo para proteger completamente las fuentes de agua sino que además para impedir la ocurrencia de perturbaciones de origen humano. Chile tendría que reconocer que posee parte de las “torres de agua” de mayor calidad del mundo y, como ocurre en numerosos países, ello debería constituir un motivo de orgullo nacional y un compromiso de todos los habitantes del país por protegerlas, especialmente por el valor intergeneracional que poseen, en el sentido que las generaciones venideras serían propietarias de recursos que nadie más poseerá en el futuro.

Dada la relevancia creciente que asume la conservación de la naturaleza a nivel planetario, muchos países se esfuerzan por restaurar sus ecosistemas y paisajes dañados por las desaprensivas intervenciones antrópicas, convencidos que la sociedad está reclamando y presionará crecientemente por disponer de sitios dónde pueda estudiar, visitar y contemplar sus entornos originarios. En el caso de la región de Aysén, sus sitios prioritarios de conservación de la biodiversidad alcanzan niveles de pristinidad altos o medios, es decir, se trata de ecosistemas que en muchos casos aún conservan sus características ambientales y ecológicas originales o bien que requieren de esfuerzos menores para recuperarlas.

Los problemas y desafíos territoriales que enfrenta la región de Aysén en la actualidad no se refieren sólo a las dificultades de comprensión y actuación frente a la complejidad de su medio ambiente natural o al aislamiento de sus poblaciones. A ello hay que agregar las limitaciones institucionales de los servicios representativos del Estado para poder realizar sus labores de investigación, planificación, gestión y fiscalización de los recursos naturales y las actividades más vinculadas a sus sectores de desarrollo. Se puede afirmar que las instituciones públicas presentan un alarmante déficit de personal calificado, dinero para realizar sus operaciones y funciones y una ausencia completa de sistemas de información y tecnología, vitales para poder disponer de datos e informaciones para la adopción de decisiones. Si bien esta situación es enfrentada por la totalidad de las instituciones del sector público, llama aún más la atención lo que sucede con la Dirección de Agua, la Corporación nacional Forestal y el Ministerio de Bienes Nacionales, considerando que la región es la que posee una mayor cantidad de superficie bajo el cuidado de estas instituciones en el país. En efecto, los parques nacionales y reservas naturales localizados en la Provincia Capitán Prat, donde se concentran las mayores inversiones hidroeléctricas previstas, por ejemplo, no disponen de guardaparques los primeros, mientras que algunas de las reservas los tienen en número escaso. Sin profesionales dedicados, recursos operacionales e información es posible observar que la acción de los organismos del Estado se encuentra claramente reducida y en tal sentido, es perfectamente posible prever la incipiente capacidad de que disponen para administrar el medio ambiente y territorio de la región más natural y de mayor riqueza ecológica del país. Otro tanto se puede aseverar respecto a la capacidad de gestión ambiental de los municipios , órganos principales de administración y gobierno de las comunidades y territorios locales que concentran las funciones y servicios públicos de planificación, administración y fiscalización de los recursos naturales y el medio ambiente. Debido a la escasa capacidad de formular y conducir políticas y actuaciones públicas que poseen los organismos de representación nacional y las municipalidades, resulta imposible asumir alguna participación efectiva de la ciudadanía en la discusión y adopción de decisiones sobre asuntos ambientales trascendentes para la sustentabilidad del desarrollo regional, tal como puede ser la instalación de megaproyectos hidroeléctricos o de conservación de la naturaleza.

La región de Aysén requiere, como muchas áreas de las tierras australes de Chile, una cuidadosa evaluación ambiental antes de decidir la instalación de megaproyectos o de asentamientos humanos que afecten sus condiciones particulares o sean vulnerables ante las situaciones de riesgos naturales. La consideración de las vocaciones regionales es de primordial importancia. En este caso es evidente que la riqueza de la región se encuentra en la naturalidad, diversidad y complejidad de sus sistemas territoriales y ecológicos. Su verdadero valor de competitividad a nivel mundial se encuentra en ofrecer en la actualidad y en el futuro, paisajes prístinos y recursos naturales de alto valor de escasez y unicidad. Banalizar esos paisajes o degradar esos ecosistemas sólo guiados por un afán productivista y economicista podría acarrear una alta responsabilidad política, especialmente cuando se trata de una región que pertenece en gran parte a la totalidad de la nación y presta servicios ambientales a la totalidad del planeta.

La decisión sobre la aceptación de un determinado tipo de proyecto no puede ser adoptada sólo teniendo en consideración sus efectos puntuales. Aysén es una región de paisajes naturales y socioculturales fuertemente heterogéneos debido a la gran diversidad de sus factores, pero altamente integrados bajo los conceptos de cuencas ambientales. Cualquier intervención antrópica debe tener en cuenta las relaciones recíprocas entre las tierras altas y bajas y entre la naturaleza y la sociedad. El estado actual requiere profundizar los conocimientos científicos sobre una región prácticamente desconocida Esos conocimientos deben ser públicos y objeto de debate para conseguir la validación de sus métodos y hallazgos. Seguramente se debería disponer de fondos y programas específicos de investigación que proporcionaran en un breve plazo la mayor cantidad de “buena ciencia”, es decir aquella que permitiera reemplazar la ignorancia, especulación e incertidumbre, por conocimientos útiles para proteger la sustentabilidad económica, social y ambiental de la región

Párrafos seleccionados del artículo “Análisis crítico de las potencialidades y limitaciones para el desarrollo regional de Aysén”, escrito por Hugo Romero Aravena, con la colaboración de Pamela Smith y Alexis Vásquez y publicado en 2008 por la Revista de Informaciones Geográficas Nº 40, Departamento de Geografía de la Universidad de Chile, pp. 67-98. http://200.89.70.78:8080/jspui/handle/2250/5681

¿Por qué yo me opongo a las Represas?

Cada vez que tengo una posición disidente con el capitalismo tengo que ponerme a explicar mis dichos. Sin embargo, los que están a favor del actual modelo económico y político jamás explican nada. Tienen una suerte de “sentido común neoliberal”, extremadamente invalidador de otras posturas, profundamente conservador, y lo que es peor, en muchos casos, tremendamente ingenuo. Entonces cuando yo digo que estoy contra HidroAysén, no alcanzo ni a explicar los por qué cuando me dicen “¿pero cuál es la otra opción?....¿nucleares?, ¿termoeléctricas?".

Yo no tengo la solución para la crisis energética, pero si el conocimiento sobre las perturbaciones e impactos que generan las represas. Por tanto yo no soy ni “pragmático” ni “ambientalista”, sino que “materialista”, y es precisamente esa visión la que quiero exponer. Y lo primero que quiero plantear es que la construcción de represas es un proceso cultural, político, judicial, social, económico y ambiental que trasciende el contexto inmediato de un proyecto hidroeléctrico determinado.

Yo me opongo a HidroAysén por que las represas son ante todo un proyecto ecológico-político, que no es social ni políticamente neutro, sino que expresa relaciones de poderes física, sociales, culturales y económicas, y no solamente esté relacionada con la transformación del agua en energía, sino con la transformación de toda la naturaleza en una mercancía. No es un proyecto de la Alianza o de la Concertación, sino una forma en la cual se materializa su visión ideológica de Chile: un lugar donde hay recursos naturales listos para ser explotados por empresas transnacionales y que tiene leyes ad-hoc para que este proceso ocurra.

Me opongo porque como proyecto ecológico-político las represas son profundamente injustas social y ecológicamente, anti-democráticas e incluso racista con los comunidades locales, los cuales son alienados de sus tierras, de sus formas de vida, rituales, manifestaciones culturales y producción económica. La población afectada casi siempre son indígenas (Sami en Noruega; Cree y Inuit en Canadá; Waimiri-Atroari en la Amazonía; Mapuche-Pehuenche en Chile, entre otros casos), además de comunidades de campesinos agrícolas, ganaderos, pescadores, leñadores. En todos los casos son gente pobre, aislada, tradicional, incorporada levemente a las dinámicas del capitalismo, que no pueden resistir un proceso de transformación de semejantes dimensiones, y donde el Estado en vez de protegerlas muchas veces las criminaliza, por ejemplo aplicando la Ley Anti-Terrorista.

Me opongo por el impacto sobre las comunidades locales. En el mundo, la relocalización es considerada la más severa forma de impacto social generada por las represas. La mayoría de los relocalizados se ha empobrecido en relación a la situación anterior de la construcción, debido a la impotencia derivada de la pérdida de control sobre los recursos, pérdida de poder político, y más dramáticamente, pérdida sobre el poder de tomar decisiones sobre el cómo y dónde vivir. El centro de la medidas de reconstrucción de las formas de vida es la compensación monetaria de parte de las instituciones u organizaciones asociadas al proyecto, sin embargo, la mayoría de los relocalizados sufren perturbaciones en sus patrones de asentamiento en el proceso forzado de “modernización” en las nuevas villas, precisamente por la ruptura de relaciones basadas en la familia y el cambio en el acceso a recursos (principalmente pesca y caza). El sedentarismo, la llegada de patrones culturales de occidente sin una forma de sustentarlo debido al desempleo, resultan en una fuente de estrés constante para las comunidades.

¿Qué ocurre cuando el proceso de relocalización es, como el caso de Chile, planificado por una empresa transnacional?, ¿dicha empresa debe jugar el mismo rol de responsabilidad que el Estado?, si la respuesta es afirmativa, ¿Por cuánto tiempo debe jugar ese rol, o tiene responsabilidades con los desplazados de forma definitiva?. El caso de Pangue y Ralco entrega una muy crítica visión de la forma en la cual ENDESA enfrentó las relocalizaciones. Lamentablemente en este punto muchos me han dicho “pero si son solamente 23 familias las que serán desplazadas”, lo cual es cierto con respecto a la inundación de tierras, no así con el tendido eléctrico. Por lo demás, aunque el número sea pequeño, no quedan eximidos de los efectos que la relocalización acarrea, además durante el día de la votación del Proyecto HidroAysén el alcalde de Cochrane dijo no saber cuántos y quiénes son los desplazados.

Me opongo además porque en algunos casos la exposición a un nuevo estilo de vida, asociado a las urbes y a la cultura occidental, puede impactar fuertemente los patrones ecológico-culturales de las comunidades relocalizadas. La relocalización y colonización trae la instalación de nueva infraestructura que raramente está asociada con la cultura de las comunidades reasentadas y con la necesidad de empleo.

Me opongo porque los grandes proyectos hidroeléctricos implican necesariamente la invasión de forasteros en los territorios tradicionales de la población indígena y campesina, principalmente facilitado por las nuevas carreteras, aeropuertos y puertos. En el caso de los Cree en Canadá, el sistema de tenencia de la tierra, la abundancia y distribución de los recursos pesqueros y la fauna silvestre, fueron interrumpidos por la invasión externa, con los consiguientes impactos sociales y ecológicos adversos. En el caso de los Pehuenche en Alto Bío Bío la situación es similar.

Me opongo porque las grandes represas son generalmente justificadas por sus beneficios macroeconómicos a escala regional y nacional, sin embargo, sus impactos físicos y simbólicos se concentran localmente. Son las comunidades locales las que aparecen subvencionando el desarrollo del resto del país. Y en el caso de los Estudios de Impacto Ambiental en Chile no se aplican los marcos teóricos del río como un continuo, es decir, desde las captaciones, hasta el sistema de canales, pantanos, lagunas, humedales, y fiordos. No se consideran a las comunidades que viven aguas arriba ni a las comunidades que viven aguas abajo. Dramáticamente un estudio del MIT muestra que la localidad de Caleta Tortel correría riesgo vital frente a la subida del río Baker debido a los derretimientos del lago glaciar Cachet 2, lo cual sumado al volumen de agua que tendría la Central Baker 2, podría ocasionar una tragedia de proporciones. Hasta el día de hoy nadie ha hablado de relocalizar Caleta Tortel.

Me opongo porque la cuenca del río Pascua es uno de los sitios más naturales y prístinos del mundo. Y por este hecho ya tiene un valor incalculable. Sus ecosistemas no tienen desarrollada una capacidad de resiliencia, por tanto, los efectos ecológicos serán desastrosos.

Me opongo porque el SEREMI de Salud de Aysén ha sido claro. Hay enfermedades asociadas a las Represas que están subestudiadas. Principalmente la contaminación por mercurio generado por la descomposición de la vegetación inundada y que se traspasa a los humanos produciendo cáncer. Hay casos registrados en Canadá y Noruega, y por cierto debe haber muchos casos más en China, en África y América, de los cuales no sabemos nada.

Me opongo porque las represas de HidroAysén representan lo peor del modelo de sociedad que tenemos. No existen los representantes locales, sino, los representantes de intereses multinacionales privados a nivel local. No existe un Estado que regule los procesos que se están desencadenando, todo lo contrario, el Estado guarda un silencio cómplice, no solamente político, sino que negándose a realizar un proyecto de Desarrollo para Aysén hasta no saber que va a pasar con las represas. Es decir, una región depende de un “emprendimiento privado”, no de las necesidades de sus miles de ciudadanos.

Me opongo porque a las comunidades se les quita todo derecho a la autodeterminación. Son las comunidades a las cuales se les quita la tierra y se decide qué hacer con sus recursos. En el caso de la Patagonia, estas comunidades viven aisladas, marginadas del resto de Chile, y hoy están en el centro de la discusión, no porque nos importen como grupos humanos, sino porque queremos arrebatarle su patrimonio por el “bien de Chile”, porque nuestras ciudades demandan más luz, porque las mineras extranjeras quieren aumentar su producción.

Me opongo porque en la Democracia chilena a los “expertos” jamás les preguntan nada. Las Universidades han sido contratadas como Consultoras, no como Centros de Conocimiento, jugando con la necesidad de financiamiento que éstas tienen. Jamás se ha invitado a un debate abierto de académicos, profesionales y políticos, todo lo contrario, las únicas instancias han sido abiertas por las ONGs ambientalistas que siguen sus propios intereses.

Me opongo porque no se escucha a nadie, y se ocupa todo el sistema chileno como un mero trámite. HidroAysén se toma meses e incluso años en hacer sus estudios, y los aparatos técnicos del Estado tienen que responder en un plazo de 20 días. Tampoco existen los mecanismos reales y vinculantes de Participación Ciudadana. Y al final quienes toman la decisión son operadores políticos, no técnicos.

Me opongo porque me preocupa Chile. Veo a las hidroeléctricas extendiéndose hacia el sur, a las termoeléctricas en el norte, a las ciudades creciendo a un ritmo acelerado, a las mineras secando los oasis en el desierto, las forestales dominando todo el paisaje, y a nadie parece importarle. Somos nacionalistas para defender a Chile de los Bolivianos, Peruanos y Mapuche, pero somos los primeros en otorgar derechos de explotación a perpetuidad a compañías extranjeras.

Me opongo porque los beneficios de todas las transformaciones que sufre Chile quedan solamente en las manos de unos pocos, mientras que los habitantes locales asumen los riesgos. En la escuela La Greda, en el Río Mataquitos, en Nacimiento, en Mehuín, en Santiago, en Pascua Lama, y en tantos otros lugares.

Me opongo porque no quiero que la Patagonia quede tatuada con los símbolos del progreso, y luego quede como las salitreras en el norte, como las minas de carbón en el Golfo de Arauco, como las industrias de Penco y Tomé o como Sewel y Chuquicamata, todos procesos de desarrollo que prometieron riquezas y abundancia, y que terminaron como territorios violados y abandonados.

Me niego a que la elite siga construyendo y destruyendo a su antojo, decidiendo el destino de las personas, imponiendo modelos que solo los benefician a ellos, regando con injusticias todo lo que vemos y nos rodea, dividiéndonos para que los apoyemos. Si quieren represas en la Patagonia, o en cualquier parte de Chile, necesitamos primero democracia, segundo que se nos diga explícitamente que es lo que vamos a ganar y perder, que sepamos cuáles son nuestras compensaciones y medidas de mitigación como país, región y localidad, que nos expliquen por cuánto tiempo van a estar, y que nos muestren como lo van a hacer para desmantelar las represas una vez que se vayan. El resto es poner de nuestra parte: decidir hasta cuando queremos seguir siendo abusados.

Hugo Romero Toledo

PhD© en Geografía Humana

Universidad de Manchester